El Seprona saca a la luz más de medio centenar de pozos ilegales en Mazarrón

Hasta 51 pozos ilegales orientados a la captación de agua para uso agrícola ha logrado destapar la Guardia Civil en la ‘Operación Underwater’, que ha llevado a cabo en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El golpe culmina con la investigación de 18 personas como supuestas responsables de esas extracciones, en la mazarronera rambla del Ramonete, que habrían superado los 2,5 millones de metros cúbicos de agua con un valor aproximado de dos millones de euros, según especificaron fuentes del cuerpo. Los sospechosos afrontan presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de usurpación de agua.

La investigación comenzó en marzo de 2022 gracias a la colaboración ciudadana, cuando la Guardia Civil conoció que un número indeterminado de personas estaba llevando a cabo extracciones ilegales de agua de la rambla de Ramonete, ubicada en Mazarrón. Se trata, según remarcaron las fuentes, de un acuífero declarado en situación de riesgo cuantitativo desde 2014, por lo que su sobreexplotación podría causar un impacto negativo en los recursos hídricos.

Desde ese momento, la Benemérita llevó a cabo una serie de reconocimientos, con medios terrestres y aéreos, que permitieron detectar la existencia de varios invernaderos agrícolas en la zona objeto de la investigación. Ante la que más que probable captación irregular de agua para abastecer estos cultivos, guardias civiles del Seprona y técnicos de la Confederación establecieron unos equipos conjuntos de trabajo para examinar las fincas.

La inspección de 53 explotaciones agrícolas concluyó con el hallazgo de 51 pozos ilegales y los correspondientes grupos electrógenos que permitían el funcionamiento de los motores de extracción. Tal y como explicaron las fuentes, algunos se encontraron en las propias fincas y otros en la misma rambla, propiedad del Estado, ocultos generalmente en zonas de difícil acceso o tapados con plásticos o con chapas metálicas.

Para comprobar el destino del agua, los agentes y los técnicos recorrieron las conducciones hidráulicas que salían de los pozos y descubrieron que el agua de allí extraída era canalizada hasta los invernaderos, convirtiendo así terrenos de secano en fincas de regadío. Recientemente, la operación finalizó con la instrucción de diligencias a 18 personas, que han resultado investigadas como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; y de sustracción de agua.

Los responsables de estas infracciones penales se podrían enfrentan a penas de entre seis meses a dos años de prisión y multas de 10 a 14 meses, que podrían verse agravadas al tratarse de un acuífero en situación de riesgo cuantitativo. A expensas del correspondiente informe pericial, remarcaron las fuentes, la investigación ha puesto de manifiesto la sustracción de más 2,5 millones de metros cúbicos de agua y un daño económico al dominio público hidráulico superior a los dos millones de euros. Un juzgado de instrucción de Lorca se ha hecho cargo del caso.