PSOE e IU denuncian «una auténtica ‘caza de brujas’ a las trabajadoras de Limusa por defender sus derechos «
Sosa: “Se estarían utilizando detectives privados que entran con engaño en los centros de trabajo de estas empleadas vulnerando sus derechos fundamentales”
Casalduero: “Se podrían estar vulnerando gravemente los derechos de las trabajadoras con métodos más que cuestionables y de dudosa legalidad por parte de la empresa”
La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, junto con el portavoz de IU+P+AV han denunciado lo que consideran “una auténtica persecución y una vulneración gravísima de los derechos de los trabajadores y trabajadoras” en la empresa municipal de limpieza, Limusa. Según ha manifestado, esta situación afecta especialmente a las trabajadoras de interiores, aunque también se han recibido indicios de prácticas similares entre los empleados de limpieza viaria.
Por su lado, Casalduero ha expresado una “profunda preocupación” por las condiciones laborales de estas trabajadoras y ha calificado de “auténtico escándalo” el hecho de que estén siendo sometidas a un control exhaustivo por parte de detectives privados, que utilizan además, métodos más que dudosos y utilizan el engaño para acceder a las trabajadoras. “Estamos hablando de trabajadoras en activo, no de aquellas que se encuentran de baja, mujeres que cumplen con su deber sin que se haya registrado ninguna queja sobre su desempeño”, ha señalado.
“Estas prácticas buscan generar miedo e inducir a la comisión de infracciones con el objetivo de justificar sanciones arbitrarias. El único ‘crimen’ de estas trabajadoras ha sido reivindicar mejoras en sus condiciones laborales, algo que parece haber incomodado a las altas instancias de la empresa”, ha añadido Casalduero, recordando que, tras asistir al debate de la moción sobre su situación laboral en el pleno del Ayuntamiento, algunas de ellas fueron sancionadas al día siguiente.
Casalduero ha denunciado el clima de temor que se ha instalado en la plantilla, donde las trabajadoras acuden a sus puestos con el miedo constante de que un mínimo error puede costarles semanas o incluso meses de suspensión de empleo y sueldo. “Que alguien nos diga si esto no es una persecución”, ha afirmado con rotundidad. Además, ha recordado que no solo el PSOE e IU han mostrado su apoyo a estas empleadas, sino que también los sindicatos están brindándoles respaldo legal y material ante esta situación.
Por su parte el portavoz de IU+P+AV, Pedro Sosa, tachaba de “cobardes” a quienes se dedican a amedrentar al colectivo de trabajadoras más vulnerable y que menos cobra del Ayuntamiento de Lorca: las mujeres de LIMUSA. Sosa afirma que esas trabajadoras llevan meses defendiendo públicamente derechos tan básicos, contemplados en el ordenamiento laboral, como el de la igualdad de trato en materia salarial y social; reivindicaciones que han logrado encauzar a través de varias iniciativas llevadas al Pleno en forma de moción y defendidas por los grupos de la izquierda frente al rechazo del gobierno de PP y VOX.
Sosa ha destacado la labor impecable de las trabajadoras, respaldando su afirmación con el testimonio de la directora del centro escolar donde desempeñan sus funciones, quien ha asegurado que el colegio se mantiene en perfectas condiciones de limpieza. Además, ha subrayado que las sanciones impuestas por la empresa, que en al menos dos casos incluyen la suspensión de empleo y sueldo durante un mes, solo pueden interpretarse como “una represalia contra un grupo de mujeres que se ha distinguido por defender sus derechos, al tiempo que se lanza un mensaje intimidatorio al resto de la plantilla”.
En conclusión, tanto la viceportavoz del PSOE, Isabel Casalduero, como Pedro Sosa, de IU+P+AV, han reafirmado su compromiso para frenar lo que consideran una grave vulneración de los derechos laborales. Casalduero ha exigido la suspensión inmediata de las sanciones impuestas, advirtiendo que no permitirán la normalización de estos atropellos. Por su parte, Sosa ha señalado que, de no revertirse esta persecución laboral, sindical y política, interpondrán una denuncia ante la Inspección de Trabajo, denunciando las numerosas irregularidades que atentan contra derechos fundamentales y normativas laborales, desde convenios internacionales hasta el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo.