La Guardia Civil investiga una persona por construir varias viviendas en un terreno no urbanizable de Águilas
Se le atribuye la presunta autoría de delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo
No contaba con las autorizaciones administrativas para poder llevar a cabo la ejecución de las obras
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Microcemento’, ha desarrollado una investigación en el municipio de Águilas, que ha culminado con la investigación de una persona como presunta autora de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo por la realización de obras en suelo no urbanizable de régimen común, careciendo de proyecto de actuación y licencia urbanística.
La investigación comenzó el pasado mes de febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en el marco de los servicios dirigidos a la detección de construcciones ilegales en terrenos destinados a usos agrícolas o ganaderos, localizó una construcción en una parcela de uso no urbanizable.
En el lugar se habían edificado dos viviendas unifamiliares, en una superficie de unos 390 metros cuadrados. El perímetro contaba con una valla de simple torsión.
Los guardias civiles detectaron la presencia de maquinaría de obra civil, para la construcción de piscinas, todo lo cual atentaba contra la naturaleza del suelo y vulneraba la normativa urbanística.
Según los informes técnicos de los terrenos afectados, las obras ejecutadas resultan incompatibles con el planeamiento, conforme al vigente Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Águilas.
La operación ‘Microcemento’ concluyó con la investigación de una persona como presunta autora de delito relativo a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente
El Código Penal, en sus artículos 319 y 320 sobre delito de ordenación del territorio y urbanismo, establece las penas previstas para este tipo de delito que incluyen prisión de un año y seis meses a cuatro años, multas de doce a veinticuatro meses y en algunos casos, la demolición de las obras ilegales realizadas a cargo de los responsables.