Los docentes aguileños creen que la LOE debería “despolitizarse”
La mayoría coincide en que es imprescindible que se cuente con el sector de la enseñanza para elaborar la normativa
La nueva ley de enseñanza no hará que se solucione el problema del fracaso escolar.
El sector educativo aguileño se posiciona sobre la polémica que está generando la nueva Ley Orgánica de Educación (L.O.E), propuesta por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que aún se encuentra en fase de debate.
El sentir generalizado del sector de la enseñanza en nuestra localidad coincide en señalar que para que la ley pueda ser efectiva y realmente solucione el problema del fracaso escolar existente en nuestro país es necesario que los políticos cuenten con la opinión de los docentes, maestros y profesores que trabajan a diario con los alumnos y conocen la realidad educativa que se vive a diario en las aulas.
“Es básico que se cuente con los docentes pero los políticos monopolizan las interpretaciones de la ley, cuando realmente la vivencia que se da en los centros educativos la tienen los profesores y maestros, por lo que sus propuestas son importantes. Creo que es una cuestión que cae por su propio peso”, declaró Josefa Ramírez, directora y maestra del C.P “Las Lomas”.
“Pienso que la ley no cuenta realmente con los docentes, creo que la están adornando con demasiado politiqueo y eso es peligroso. Se debería hacer un pacto educativo consensuado por todos los partidos políticos y que sea a largo plazo y que todos tengamos claro que es buena”, afirmó Ángel López, profesor del I.E.S “Europa”.
El segundo punto que resalta la mayoría de los profesores y maestros del municipio es que no se puede ofrecer el mismo tipo de enseñanza a todos los alumnos: “los planteamientos que han tenido siempre todas las reformas educativas hablan de “Enseñanza para todos”, pero creo que no se puede dar la misma enseñanza a todo el mundo. Necesitamos tener alumnos que vayan a la universidad porque se necesitan profesionales superiores como médicos, abogados o ingenieros.
Todos esos profesionales salen de un sistema educativo medio, que es el que impartimos en los institutos. Pero hay una serie de alumnos que no quieren una educación superior y necesitan una enseñanza paralela con la que se sientan motivados”, expresó Ángel López. Una de las alternativas planteadas por este profesor para aquellos alumnos que no desean continuar con la secundaria es la de realizar una formación profesional con la que se sientan motivados.
“Creo que una formación profesional a la antigua usanza podría ser una de las opciones de esta enseñanza paralela que muchos profesores consideramos necesaria. Unos cursos que fueran más prácticos que teóricos y que, por supuesto, incluyeran un grueso de asignaturas básicas como matemáticas y lengua. Quizá sería ésa la solución porque es muy difícil motivar hoy en día a un alumno y, en este sentido, el desánimo en el profesorado es generalizado”, señaló.
Otro de los puntos que destacan los docentes de la localidad es que la ley debe hacer más hincapié en valorar el esfuerzo de los alumnos, con unas normas más exigentes a la hora de pasar de curso, ya que si el alumno promociona automáticamente tras repetir un número determinado de cursos, el esfuerzo de ese alumno será cada vez menor, puesto que es consciente de que pasará de curso en cualquier caso, según aseguraron los numerosos docentes de la localidad.
“Los jóvenes hoy en día tienen todo lo que quieren y cuando uno lo tiene todo el esfuerzo no tiene sentido. Si el alumno tiene una moto, una Play Station, un móvil, comida y vestuario a diario, etc., la ley del esfuerzo es mínima. Desde mi punto de vista, éste es el gran problema de la educación en nuestro país. Todo lo demás de la ley es un manejo político, por lo que hay que reformar el sistema educativo”.
La religión, a debate
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley reside en el debate que se ha creado sobre la asignatura de religión. Ésta se ofertará en los centros educativos pero no será obligatoria y tampoco evaluable. Un asunto sobre lo que la Iglesia Católica dice que la ley no permite decidir a las familias la formación religiosa y moral de sus hijos.