Limusa pone las medidas pertinentes para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales de sus trabajadores y eliminar sobrecarga de trabajo por su incumplimiento
La empresa municipal trabaja desde el pasado mes de julio en la contratación de personal sustituto y generación de bolsa de empleo para seguir minimizando el impacto laboral del alto índice de absentismo, que en el departamento de Interiores ronda el 20%
En septiembre de 2024, el comité de empresa de Interiores sugirió que “tras realizar el análisis se tomen medidas disciplinarias necesarias con aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones laborales”
Juan Miguel Bayonas, edil de Calidad Urbana: “Se trata del uso de dinero público. Es obligación y responsabilidad del Ayuntamiento asegurar el buen uso de los recursos públicos, además de la mejora del servicio y la adecuación de la plantilla a las tareas encomendadas”
Limusa trabaja, desde el pasado mes de julio, en términos de seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones laborales de sus trabajadores y bajas identificables como fraudulentas de forma coordinada y a petición del colectivo de los propios trabajadores representado por su comité de empresa, así como en la contratación de personal sustituto y generación de bolsa de empleo para seguir minimizando el impacto laboral del alto índice de absentismo, que en el departamento de Interiores ronda el 20%.
Así de contundente se ha mostrado este viernes el concejal de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, al responder a las declaraciones vertidas estas mañana por los ediles de PSOE e IU. En septiembre de 2024, el comité de empresa de Interiores sugirió que “tras realizar el análisis se tomen medidas disciplinarias necesarias con aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones laborales” con el fin de evitar una posible sobrecarga de trabajo por el elevado porcentaje de bajas de esa sección en concreto, ha indicado Bayonas.
El concejal ha remarcado que “esa misma sugerencia y posicionamiento ha sido tratado continuamente en los distintos comités de empresa de Limusa. De tal manera, que la empresa ha establecido un conjunto de medidas para dar respuesta a esas solicitudes consistentes en el seguimiento con detectives, auditoría de centros de trabajo para valorar que centros necesitaban más personal y control de bajas”.
Y ha añadido que “este paquete de medidas es conocido y avalado por los comités de empresa tal como se ha reflejado en las continuas reuniones con todos ellos, de hecho, es una acción secuencial con el uso de iguales recursos utilizados, detectives, durante anteriores legislaturas que incluso terminaron en despido.
Juan Miguel Bayonas ha recordado que “se trata del uso de dinero público” y ha manifestado que “como medio propio del Ayuntamiento de Lorca, es obligación y responsabilidad de la empresa asegurar el buen uso de los recursos públicos, además de la mejora del servicio y la adecuación de la plantilla a las tareas encomendadas”.
Así que de esos controles han derivado en sanción determinadas infracciones por una mínima parte del personal de los centros de trabajo visitados y se ha procedido a tramitar los expedientes correspondientes. “No vamos a hacer públicos datos privados como sí han hecho PSOE e IU faltando a la veracidad de los hechos punibles, pero ante las sanciones impuestas por la empresa a determinados trabajadores, de todas las secciones, ¿no hacemos nada, lo dejamos pasar a pesar de existir las infracciones? Las sanciones no tienen nada que ver con la reivindicación de mejoras laborales como las vividas en el último pleno sino a incumplimiento de las obligaciones laborales”, ha puesto de relieve el edil.
De hecho, Bayonas López ha subrayado que “a partir de esas medidas tomadas se han impuesto sanciones no sólo a empleadas de la sección de interiores sino también al de transporte colectivo urbano y limpieza viaria. Y los seguimientos se han hecho en varios centros de trabajo considerando preferentes los de mayor carga de trabajo, teniendo en cuenta la especial sensibilidad de los colegios donde acuden miles de niños a diario”.
En cuanto al carácter legal o jurídico de las medidas tomadas por la empresa, en concreto a las pruebas recabadas por los detectives, el concejal de Calidad Urbana ha concluido indicando que “los trabajadores cuentan con la administración de justicia para determinar el alcance de las pruebas obtenidas y su proporcionalidad con las infracciones cometidas y las sanciones impuestas”.
