Medio millar de personas reclamaron ayer en Murcia que la vivienda sea «un derecho, no un negocio»

Con salida en la Consejería de Fomento murciana, de la que depende la dirección general de Vivienda competente en la materia y final en la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia, han coreado consignas como «No toleramos ni un desahucio más» o «Es un derecho, no es un negocio».

Mostraban pancartas en las que se leía «Más vivienda publica», «Pago del bono alquiler ya», «Declaración de zonas tensionadas», «Mejora del alquiler social ya», «No más precariedad», «La vivienda no es para especular, es para que las personas tengan un digno hogar», «Vivo en una habitación para pagar tu mansión», e «Inmobiliaria innecesaria»

«Firma», decía otra, en referencia a la iniciativa legislativa popular promovida además por las Marchas de la Dignidad, Consumur, UGT, CCOO, USO, Intersindical, Podemos, IU-V y Movimiento Sumar en Murcia para que sea debatidas esas reivindicaciones en la Asamblea Regional si logra 10.000 firmas.

La construcción de viviendas públicas es otra de las exigencias de los convocantes, para quienes “los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas”

“Contra el negocio de la vivienda” es el lema común nacional para impedir que se especule con la vida de la gente considerando su hogar un derecho, no un bien con el que especular “con la complicidad del Estado y los partidos políticos institucionales, que la han convertido en un modelo de negocio”. Mientras tanto, quienes se organizan para resistir y defender sus casas sufren represión, multas, persecución y violencia policial, aseguran.

«Nos quieren silenciadas, aisladas, pero respondemos con más fuerza, con más organización y con más lucha, porque esto no es solo una manifestación, es un paso más en la construcción de un movimiento fuerte, independiente y combativo. Queremos tejer alianzas, sumar nuevas compañeras y reforzar las redes de apoyo mutuo”, declaran.

Promueven la prohibición de dejar sin casa a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la bajada de precios de los alquileres, la eliminación de los beneficios fiscales a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi), la regulación de los alquileres vacacionales, con la imposibilidad de que puedan hacerse en zonas residenciales tensionadas, así como de los de temporada y de habitaciones.

También la recuperación en forma de viviendas de la deuda de la banca por el rescate gubernamental por la crisis financiera, la integración de todo el patrimonio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en el parque público, la expropiación de casas desocupadas de manera injustificada y la prohibición de su acaparamiento, de su compra a no residentes y a empresas y la obligación de residir un mínimo de cinco años para los nuevos adquirientes.

Además, quieren “despenalizar que personas permanezcan viviendo en sus casas aunque no puedan pagar”: “Si te han echado de tu casa, si te suben el alquiler, si no puedes acceder a una vivienda digna, si te organizas o quieres empezar a hacerlo… esta lucha también es la tuya», concluyen.

Desde Podemos-IU/V-AV señalan que su guerra es contra los fondos buitre y los especuladores que impiden a la juventud emanciparse y a las familias llegar a fin de mes, por lo que piden que se destine el dinero del armamento a vivienda pública, asequible y de calidad, «el mejor kit de supervivencia».

«La mayor amenaza para los jóvenes es la falta de vivienda, la seguridad es tener un techo y no un refugio antiaéreo», añadían al hilo de «la escalada bélica con la que tanto el PSOE como el PP están de acuerdo al querer gastar enormes cantidades de dinero en armas, 20.000 millones de euros más hasta 2029».

Desde la organización juvenil de UGT, Ruge, han expuesto que en Murcia, Lorca y Cartagena han subido «disparatadamente» los alquileres de casas más de un 30% en los últimos años, pero siguen sin ser declaradas tensionadas, con lo que no se limita la subida del precio del alquiler a los arrendatarios. En una región con más de 100.000 viviendas vacías en la que «la avaricia y la especulación son insaciables» y donde los jóvenes y las familias con menos ingresos son los principales perjudicados para encontrar una que se adapte a sus posibilidades económicas sin poner en peligro su estabilidad financiera, añaden.