El Gobierno regional lamenta que el Ejecutivo central siga sin un plan de acción y sin financiación para abordar la crisis migratoria

 

El Gobierno regional lamenta que el Ejecutivo central siga, a día de hoy, sin un plan de acción y sin financiación para abordar la crisis migratoria que está afectando a todo el país, principalmente, a las comunidades de Canarias, Ceuta y Melilla, y también a la propia Región de Murcia.

Así lo expuso la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Inmigración  celebrada ayer por videoconferencia, con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz.

Ruiz explicó que “es inadmisible que, a estas alturas, el Gobierno de Sánchez siga sin asumir su responsabilidad y nos convoquen a una Conferencia Sectorial sin unas políticas migratorias y sin fondos económicos que ayuden a las comunidades autónomas y a los municipios a gestionar la acogida de personas migrantes de forma equitativa y con garantías, no solo en la primera acogida, sino en el medio y largo plazo. También para establecer un control de fronteras exteriores que impida la llegada continua de embarcaciones a nuestras costas”. Una problemática que, desde las comunidades autónomas se está denunciando, desde hace más de diez meses, ante el Ministerio de Migraciones y del Ministerio de Derechos Sociales, sin que exista reacción alguna por parte del Ejecutivo central.

La consejera detalló que la Región de Murcia se encuentra al límite de su ocupación ya que, en la actualidad, “tiene habilitadas un total de 1.321 plazas de emergencia” que se han ido abriendo para atender a las personas migrantes trasladadas desde Canarias, ocupadas casi al cien por cien, de las cuales de éstas 759 personas se encuentran acogidas en el antiguo Hospital Naval de Cartagena. Todo ello, sin contar el número de personas migrantes que han llegado a la Región y que se encuentran en situación de calle. “Una cifra que desconocemos en la actualidad por la falta de transparencia que sigue existiendo por parte del Gobierno central”.

Además, la Región de Murcia atiende en la actualidad a 253 menores migrantes no acompañados y es una de las comunidades con mayor número de solicitudes de reagrupación familiar, alcanzando la cifra de 2.205 solicitudes. Por este motivo, la titular de Política Social solicitó durante la reunión la declaración de emergencia migratoria, así como la celebración de una Conferencia de presidentes, con carácter de urgencia, que permita establecer mecanismos de acción y coordinación entre las distintas comunidades autónomas.

Unas medidas de actuación que se suman a la iniciativa de la Consejería de Política Social de convocar, en los próximos días, el Foro regional de Inmigración para analizar la situación migratoria que está viviendo la Comunidad y proponer nuevas formas de actuación. Un órgano de carácter consultivo en el que participan las entidades y agentes sociales implicados en la acogida de personas migrantes, así como representantes institucionales como la Delegación del Gobierno.

Durante el desarrollo de la Conferencia Sectorial, la titular de Política Social también hizo mención a los menores migrantes ex tutelados que, al alcanzar la mayoría de edad, necesitan de la protección y acompañamiento del Gobierno regional para facilitar su inclusión sociolaboral. “Un colectivo que requiere de un plan y financiación específica para garantizar su atención integral y que, a día de hoy, sigue sin tener respuesta por parte del Ejecutivo central”.

Ruiz subrayó que “nadie puede poner en duda la solidaridad que ha demostrado siempre la Región de Murcia, no solo ampliando los recursos de acogida con fondos propios, sino también ofreciendo una atención integral a todas las personas migrantes y menores en situación de desamparo que han llegado hasta la Región”. También hizo especial mención a las familias ucranianas que se encuentran en la Comunidad huyendo de la guerra “y que el Gobierno de Sánchez dejó olvidadas retirando la ayuda estatal que percibían”. En este caso, la Comunidad facilitó el acceso de las personas beneficiarias del Estatuto de Protección a la Renta Básica de Inserción.