Valcárcel propone un acuerdo para la transparencia urbanística
El presidente presentó un Decálogo en los planes de ordenación urbanística
Algunos de los alcaldes murcianos en la reunión sobre los planes de ordenación urbanística.
El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, presentó el pasado 22 de noviembre ante los 45 alcaldes murcianos un decálogo que contempla una serie de medidas que persiguen la transparencia, objetividad, honradez y la participación de los ciudadanos en los planes de ordenación urbanística de cada uno de sus municipios.
Valcárcel aprovechó una reunión de presentación del borrador de un decreto ley para dejar claro que “la correcta planificación de la ordenación territorial exige, entre otros aspectos, la obligación por parte de los ayuntamientos de transmitir a sus ciudadanos que las decisiones que se tomen en estas materias se hacen con total transparencia, buscando exclusivamente el interés general e impidiendo cualquier irregularidad”.
El jefe del Ejecutivo, acompañado por Francisco Marqués, consejero de Industria y Medio ambiente, y de Joaquín Bascuñana, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, resumió todas sus propuestas en un decálogo como Documento-Base que contempla que en todo expediente urbanístico que comporte un cambio de clasificación del suelo deberá costar una declaración por escrito de todos los miembros de la corporación municipal en la que conste que ni ellos ni ninguno de sus familiares ostentan ninguna propiedad en dicho terreno. Además, se indica en el decálogo, que en caso de que esto ocurra los alcaldes o concejales lo deberán hacer constar en un expediente publico, así como abstenerse de participar en todo el proceso.
El decálogo contempla, además, la necesidad de dotar a los ayuntamientos de un reglamento municipal encargado de la gestión de convenios urbanísticos que presentará especial atención a la publicidad de los mismos, obligando a estos a dar a conocer con inmediatez cualquier proceso que suponga la recalificación de terrenos.
Otra de las novedades consiste en la creación de un registro municipal de convenios urbanísticos que favorecerá la consulta por parte de cualquier ciudadano. Por otra parte, en todo expediente urbanístico, se dictará un bando informativo para favorecer su conocimiento, logrando con esta serie de medidas la perseguida transparencia.
Además, y con el fin de asegurar la participación en los procesos de planificación y gestión urbanística de los principales agentes sociales con interés en la materia se creará el Consejo Municipal Sectorial de Urbanismo.
Otro aspecto importante recogido en el decálogo es el referente al lenguaje administrativo y la simbología utilizada en los planos, este decálogo obligará a que en ambos casos sea sencilla y evite, en la medida de lo posible, los tecnicismos de modo que pueda ser entendido por cualquier ciudadano.
Finalmente, en lo referente al decálogo, Valcárcel señaló que toda la documentación que sea requerida a los ayuntamientos deberá ser facilitada con la mayor rapidez por los servicios administrativos del consistorio. Además, y para hacer posible la adopción de todas estas medidas la Comunidad Autónoma ofrecerá a todos aquellos ayuntamientos que lo soliciten el asesoramiento y apoyo técnico necesarios.
En el transcurso del encuentro con los alcaldes de los 45 municipios, Valcárcel reconoció que a los ayuntamientos les corresponde, de acuerdo con la vigente Ley del Suelo de la Región de Murcia, las actuaciones públicas en materia de urbanismo, salvo aquellas que estén expresamente atribuidas a la administración regional.
A juicio del presidente de la Comunidad de Murcia “no basta solo con gestionar estas competencias con arreglo a la legalidad sino que la responsabilidad pública nos exige dotarnos de unos principios éticos que deben regir toda nuestra actuación”.
Valcárcel señaló a modo de conclusión que “debemos buscar mecanismos que no dejen lugar a dudas a todos los murcianos de que los acuerdos que se tomen en materia urbanística, se hacen con absoluto respeto a las normas vigentes, con total objetividad y en ningún caso buscando intereses personales de los responsables públicos”.